Está aquí: InicioOpinionJosé Villalobos GallegosDE GOBERNADORES “MODELO” A PROFUGOS DE LA JUSTICIA

DE GOBERNADORES “MODELO” A PROFUGOS DE LA JUSTICIA

Escrito por  José Villalobos Gallegos Publicado en José Villalobos Gallegos Viernes, 09 Diciembre 2016 10:10
Valora este artículo
(0 votos)

México ha padecido  a centenares de gobernadores emanados de las principales fuerzas políticas, que han hecho y desecho cual señores feudales. Algunos han sido peor que otros, pero todos tienen cola que les pisen.

Eran un modelo de los gobernadores de México, ejemplo de una nueva generación de políticos. Ahora uno de ellos es prófugo de la justicia, otro prefirió entregarse y un par más está acusado de corrupción y desvío de dinero público durante su gobierno, más lo que se vaya acumulando.

Son los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz, Guillermo Padrés, de Sonora, Roberto Borge de Quintana Roo y César Duarte, de Chihuahua, y esta notable lista puede aumentar.

A sabiendas de que las auditorías a nivel estatal son, prácticamente, inexistentes, ya que son manejadas por el propio Ejecutivo estatal en turno,  es necesario que se refuerce esa parte de la administración pública mediante un programa especial comandado por la Auditoria Superior de la Federación, la cual cuenta con todas las facultades para llevarlas a cabo; pero además extender dichas revisiones a los municipios que se encuentran en entrega-recepción.

Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha sido enfático en exigir sancionar a más gobernadores señalados por el desvío de recursos y otras ilegalidades encontradas y detectadas por los auditores, como sucedió con Guillermo Padres Elías, ex gobernador de Sonora; sin embargo considero que estas acciones deben contemplar revisiones a los Ayuntamientos que han sido beneficiados con la ministración de los recursos federales.

De hecho, además de los personajes antes mencionados, en los últimos meses otros más fueron señalados de cometer irregularidades en su gobierno. Uno de los primeros casos fue el exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina, quien enfrenta una investigación en la fiscalía del local. Fue acusado de peculado, daño al patrimonio del estado y uso indebido de funciones. Hasta ahora sólo encara el proceso por este último delito.

En realidad la crisis de los gobernadores empezó a gestarse desde hace cuatro años en Veracruz. El entonces gobernador Javier Duarte fue acusado por partidos de oposición, como el PAN y de la Revolución Democrática (PRD), de aportar recursos públicos a la campaña presidencial del PRI de Enrique Peña Nieto.

Pero en 2013 se difundió un video en redes sociales en el que aparece el entonces delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Ranulfo Márquez, organizando el voto en favor del PRI en los comicios de ese año, el funcionario fue destituido, pero los escándalos en Veracruz no cesaron.

Organizaciones civiles como reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional señalaron que el estado era uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el continente. Y es que en el gobierno de Duarte 19 periodistas fueron asesinados, y otros ocho permanecen desaparecidos.

A pesar de estos señalamientos el gobernador mantuvo el cargo hasta este año, cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT) empezó una investigación por crear empresas "fantasma" para desviar recursos públicos.

Javier Duarte solicitó licencia el pasado 12 de octubre y desde entonces nada se sabe de él. La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) solicitó a Interpol que emitiera una ficha roja para localizarlo.

En el caso de Sonora el escándalo empezó en febrero de 2015 cuando se publicó que el gobernador Guillermo Padrés había construido, sin permiso, una represa en uno de sus ranchos.

El embalse fue destruido y el mandatario fue multado. Pero luego el SAT empezó una investigación porque aparentemente el gobierno estatal cometió irregularidades en el cobro de impuestos federales.

En septiembre de ese año empezó el nuevo gobierno encabezado por Claudia Pavlovich, y en las primeras semanas denunció que en el estado existía una deuda pública superior a 30.000 millones de pesos, unos US$1.760 millones al tipo de cambio del momento. Hasta el momento se han concretado 200 denuncias de irregularidades contra el gobierno de Padrés, según la fiscalía de Sonora.

En septiembre de este año el exgobernador no pudo obtener un amparo para frenar las pesquisas, y desde ese momento desapareció.

En ese contexto el exmandatario panista, Guillermo Padrés Elías, se presentó ante un Juez Federal para ponerse en manos de la justicia mexicana y enfrentar el proceso penal en su contra por el delito de operación con recurso de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Así, un Juez Federal dictó auto de formal prisión en contra de Padrés Elías, quien llevará el juicio por defraudación fiscal y lavado de dinero. La acusación presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), indica que el exmandatario estaría involucrado en operaciones para lavar 8.8 millones de pesos.

Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, podría ser sentenciado a una pena de entre 38 y 94 años de prisión en caso de ser encontrado culpable de los cinco delitos que hasta ahora le imputa la PGR.

Por lo que toca al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, todo parece indicar que el cerco de la justicia terminara por atraparlo, ya que el gobernador de Chihuahua Javier Corral ha denunciado que existen  cerca de 50 acusaciones contra el exgobernador Duarte Jáquez y que posteriormente serán acreditadas ante el Ministerio Público. Detalló que se están integrando varios expedientes que tienen qué ver con irregularidades electorales, directamente ligadas al ex mandatario.

Hemos iniciado por presentar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, un expediente que consigna los elementos probatorios de lo que fue un desvío de fondos ilegal hacia el Partido Revolucionario Institucional, mediante retenciones indebidas a servidores públicos del estado, que nos arrojan un monto de casi 100 millones de pesos", ha dicho Javier Corral.

En Quintana Roo la denuncia penal del gobierno de Carlos Joaquín ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Roberto Borge no es la única que pesa sobre el exmandatario de Quintana Roo por posibles actos de corrupción.

Borge ya había sido acusado de peculado y enriquecimiento ilícito, ante el Ministerio Público de Solidaridad (Playa del Carmen), a través de la querella FGE/QR/SOL/09/3943/2016, presentada el 25 de septiembre —un día después de que dejó el cargo y perdió el fuero—, de acuerdo con información de la organización Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo, misma que además pidió por este caso juicio político contra el priista.

Además, la administración de Borge ya ha sido denunciada por los despojos cometidos por una red de funcionarios cercanos al exgobernador, en el caso conocido como #LosPiratasDeBorge.

Es conveniente recordar que el escenario político cambió después de la transición presidencial de 2000, cuando el PRI perdió el gobierno del país, en ese contexto los gobernadores priistas y no, se convirtieron en virreyes de sus propios estados.

El poder se concentró entonces en los mandatarios locales. Fueron los grandes beneficiados de la transición, tuvieron mucho más recursos económicos que antes, más capacidad política, libertad y espacio para tomar las decisiones que quisieran sin control central; ya que en ese momento el entonces Presidente Vicente Fox no le encontraba la cuadratura al círculo, y nunca la encontró.

En medio de este escenario vemos  que son múltiples los factores que permiten que prevalezca la impunidad. El primero de ellos y el más evidente es la falta de voluntad política.

Pareciera que la negociación entre antecesor y sucesor se da en el sentido de no investigar más allá a cambio de gobernar con tranquilidad. Por eso, las campañas electorales son solo una estrategia para ganar votos, pero una vez que terminan, los ganadores deben luchar contra el reacomodo de los grupos políticos, poderes fácticos e incluso disputas por el control político entre grupos del crimen organizado.

La transición tiene que ver con la fortaleza de los grupos políticos que dejan el poder y la debilidad de los nuevos. En ocasiones, los gobernadores salientes tienen grupos políticos muy fuertes que pueden poner en riesgo la estabilidad del nuevo gobierno.

Subrayó que es difícil que los nuevos Gobernadores actúen contra los grupos contrarios porque desatarían las venganzas políticas. Sin embargo, a veces es imposible no actuar contra los predecesores porque dejan enormes boquetes en las arcas de la administración pública, que no les queda otra.

Pero hasta en estos casos es difícil que se actúe en contra de “peces gordos”, pues sólo funcionarios de menor rango son quienes llegan a pisar la cárcel por los delitos de políticos de mayor envergadura.

En muchas ocasiones, la impunidad no es fruto solo de la falta de voluntad política del candidato convertido en Gobernador, sino de su desconocimiento del andamiaje institucional y de las propias fallas de los mecanismos para combatir una corrupción enquistada en las estructuras administrativas.

Después del escándalo mediático de las denuncias públicas ya sea en campaña electoral o recién iniciado un gobierno, se avanza muy poco en la verdadera aplicación del Estado de Derecho y esto refleja el problema institucional que tiene el país en su conjunto.

Por ello es de suma importancia que a los mecanismos de transparencia y fiscalización se les dote de capacidad técnica de investigación de las instituciones, con el objeto de documentar correctamente los casos de corrupción, para que al momento de consignar ante a los jueces, los casos no se caigan por falta de sustentación jurídica.

Así que sin capacidad de formar fortaleza institucional junto con capacidad de investigación fiscal, financiera y penal, los gobernantes entrantes corren el peligro de caer en el descredito por lanzar solo “discursos de bravuconería” sin castigar a los verdaderos responsables de los quebrantos de las finanzas públicas.

Ese es el peligro de muchos candidatos que buscan hacer promesas simplistas en esta materia, que para poder avanzar en esta lucha frontal sí es fundamental adecuar muchas de las leyes que tiene resquicios por los cuales se cuela la impunidad,. Así es como nos damos cuenta que la corrupción está tan enquistada en la administración pública de los tres niveles de gobierno que trasciende a los grupos que entran o salen de un periodo a otro.

 

Visto 297 veces

Facebook