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ATORON LEGISLATIVO

Escrito por  José Villalobos Gallegos Publicado en José Villalobos Gallegos Viernes, 06 Mayo 2016 09:16
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Ha concluido el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura, y los temas importantes para el país no pudieron encontrar el espacio político necesario para construir un acuerdo, lo que evidentemente demuestra la insuficiente capacidad o arte de negociación de quienes intervienen en estas discusiones.

La falta de acuerdos entre las fracciones parlamentarias, la cercanía de las elecciones del 5 de junio y el uso político de algunos temas han empantanado la aprobación en el Senado de la República de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción; el mando mixto policial; la regulación del uso medicinal de la mariguana; la ley contra la tortura; y la ley sobre desaparición forzada y desaparición realizada por particulares.

Las negociaciones están atoradas en un pantano intransitable. El Senado se convirtió en el  escenario de un estira y afloja para intentar avanzar en esos temas, ante la presión y las miradas insistentes de una ciudadanía cada vez más pendiente de la labor legislativa, sin embargo poco se logró ante la cerrazón de las fracciones.

Hay diversas causas importantes en este atorón legislativo que ya hemos mencionado en párrafos anteriores, sin embargo conviene destacar dos: una, es la que tiene que ver con las diferentes posiciones, dogmáticas o incluso programáticas, entre el PRI y la oposición, o la parte de ésta con el número de asientos suficientes para hacer la mayoría y lograr la aprobación de los proyectos.

La otra causa, se encuentra en la mezquindad política, es decir, no te apruebo lo que propones simplemente para que no te lleves el crédito político correspondiente o te cuelgues el mérito ante la ciudadanía que tal aprobación implica. Y menos aún si se avizora que las reformas empiecen a tener efectos positivos tangibles para la población antes de las próximas elecciones del 5 de junio.

Aquí es donde principalmente se trabo la negociación  ya que se  trató de hacer prevalecer  el esquema de la oposición sobre la base del “todo o nada”; es decir, si el gobierno quería lograr un acuerdo respecto al mando único, éste sería a cambio de ceder en el tema de la legislación secundaria de la Ley Anticorrupción. Aquí conviene resaltar que la propuesta  del PAN incluía el nombramiento de un fiscal independiente a modo, y la adopción de la iniciativa “3 de 3” en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, propuesta de la sociedad civil bastante mediática, pero que en realidad vulnera una parte fundamental de la protección de los datos personales, lo que la convierte en un asunto lesivo para los derechos humanos de los propios servidores públicos y familiares de estos (hasta el cuarto grado), que también serían obligados a revelar información esencial, lo cual podría llevar a una “cacería de brujas” y pasar por encima de la Constitución.

Se ha sabido en los pasillos de las Cámaras que pudiera haber un acuerdo para llevar a cabo un periodo de sesiones extraordinario en mayo (antes del 28, cuando concluye el plazo constitucional para contar con la legislación secundaria anticorrupción) o bien después de las elecciones del 5 de junio próximo, para evadir que los temas que se aprueben puedan, en cierto modo, influir en el proceso electoral en 14 entidades de la República. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y ante la ausencia de un dictamen con el consenso suficiente y con liderazgo interlocutores poco eficientes como para ser votado, es más que sabido que carece de sentido convocar a sesiones extraordinarias.

Sin embargo está claro que los partidos de oposición, sobre todo el PAN, buscarán que el atorón legislativo lo pague el PRI en las campañas, aduciendo que es este partido quien no quiere la “3 de 3” ni la transparencia, habida cuenta que los temas de la corrupción y la mala imagen de los gobernantes son constantes transversales en todas las campañas; pero tampoco el PAN y el PRD resultaron ilesos de estos costos, ya que con los votos de ambas fracciones pudieron aprobar mayoritariamente la ley Anticorrupción y no lo hicieron, con lo cual queda de manifiesto que este accionar de ambas fracciones se debe solamente a una estrategia política.

Se avizora que puede  legislarse con prontitud la posesión de marihuana, pero no la legislación anticorrupción y el mando único o coordinado, que son temas fundamentales en la agenda nacional. La sociedad habrá de quedar, otra vez, inerme, mientas los liderazgos de las fracciones parlamentarias ponen por encima sus posiciones políticas o electorales, total el país puede esperar.

Es indispensable que los involucrados empiecen a “tejer fino” para que los diferentes intereses implicados perfeccionen el paquete legislativo en cuestión, mediante la incorporación de los matices que resulten atractivos, si ello es posible y sin que el proyecto pierda su esencia o devenga en ineficaz.

En estos temas  surge la imperiosa necesidad de un gran acuerdo, con el propósito  de ir mejorando el marco jurídico para combatir la corrupción, en el entendido de que no es solamente con estos instrumentos como se terminara con la corrupción.

Una primera etapa es tener la legislación secundaria más vigorosa posible en esta materia; se hace necesario también reformas relacionadas que tienen que ver con  otras leyes como la ley de archivos, la ley de obra pública, etc., y después vendría  el reto más importante que es la transformación de las instituciones encargadas de la aplicación de este marco jurídico; porque podríamos tener las leyes más avanzadas y de vanguardia en la materia, pero si las autoridades encargadas de su aplicación no son nombradas con base en el mérito, no se les garantiza la buena preparación técnica, no se les protege con salarios justos, con las herramientas para llevar a cabo con profesionalismo su trabajo de investigación, de muy poco habrá servido este esfuerzo de cambio de la estructura jurídica.

Así las cosas, observamos que el escenario se ve muy complicado, hacemos votos para haya consensos que permitan la aprobación de estas leyes al menos en la Cámara de Senadores lo más rápido posible; sin embargo ya los tiempos se han agotado para que se pueda aprobar todo el conjunto en ambas cámaras, eso sí es definitivo, empero esto tiene sus ventajas y consideramos que bien puede dar tiempo para que se pueda  legislar correctamente con prudencia, y con bases firmes; es el tiempo de hacer un gran esfuerzo para diseñar un sólido marco jurídico en el combate a la corrupción.

Las democracias como la nuestra, con todo y sus tropiezos, requieren de espacios y de tiempo. El problema en el que estamos es que no se sabe cuándo empiezan el análisis profundo y cuándo la lucha de posiciones en la cual lo que menos importa es lo que se discute, y tal parece que estamos ante este escenario.

Lo que hace diferente el actual estado de las cosas es que las reformas entran en terrenos en que la sociedad tiene diferencias claras sobre cómo legislar. Por más que haya diferencias en anticorrupción o  el uso medicinal de la marihuana es probable que al final nos pongamos de acuerdo por la imperiosa necesidad de cambiar las leyes en beneficio de la sociedad. Son temas obligados para el país porque no podemos quedar rezagados en relación con el mundo.

El trabajo legislativo que estamos cuestionando está evidenciando las diferencias en el cómo hacer las cosas, a lo que se suman las problemáticas internas de los partidos, en donde el PAN sobresale. Al final se deberán resolver los temas; la cuestión es cuál será el costo de ello.

 

*Es Abogado y analista político.

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