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EL SAT VA CONTRA GOBERNADORES SALIENTES

Escrito por  José Villalobos Gallegos Publicado en José Villalobos Gallegos Jueves, 25 Agosto 2016 13:20
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El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, confirmó que se audita a cinco gobernadores, entre ellos a Javier Duarte, de Veracruz, así como a cinco funcionarios de su gobierno y dijo que los resultados de las investigaciones de los mandatarios estarán listos antes de que éstos terminen su administración.

Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre si hay una fecha en específico, dijo: “Tenemos 12 meses después de que inicia una auditoría. Si el sujeto tiene algunas operaciones de comercio exterior puede extenderse hasta 24 meses”.

En entrevista, dijo que no puede mencionar quiénes son los otros cuatro gobernadores que están bajo investigación, ya que el artículo 69 del Código Fiscal le impide revelar los nombres y motivos por los cuales se está auditando: “No puedo darles más datos, pero en total son cinco los gobernadores que han sido o están siendo sujetos de auditorías”

Comentó que desde hace tres años y medio, el SAT ha implementado auditorías a servidores públicos, incluso a diputados y senadores, aunque evitó dar mayores detalles sobre las investigaciones.

“Cada caso es diferente (pero) no se trata de si son servidores públicos o no, se trata de las actividades o de las irregularidades o de las discrepancias que puede presumir la autoridad y que en el ejercicio de sus facultades revisa si son veraces o no”, expuso.

Insistió en que las auditorías no se hacen dependiendo del perfil o estigma de servidor público, “es por las actividades o actos que se presumen pudieron haber cometido una irregularidad fiscal; no es por si tienen un perfil o estigma de ser servidor público o ser legislador, sino que como todos los contribuyentes si dejan de pagar o se presenta una irregularidad donde la autoridad presume que puede haber una omisión, se presenta una auditoría”.

Señaló que el Servicio de Administración Tributaria presentó denuncias penales contra la administración del gobernador veracruzano, luego de hallar indicios de que 25 empresas fantasma habían firmado contratos con distintas dependencias estatales para desviar más de 600 millones de pesos.

En virtud de que el SAT no cuenta con las atribuciones para auditar a los Gobiernos estatales, Núñez indicó que las investigaciones recaen sobre las finanzas personales de los mandatarios y precisó que las pesquisas derivan de denuncias por actos que pudieran constituir irregularidades fiscales, o por discrepancias en la información que se ha presentado en las declaraciones.

En el caso de Duarte, la investigación surgió a raíz de una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero presentada por su sucesor en el gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Al actual gobernador en funciones se le acusa de haber otorgado licitaciones o adjudicado contratos para la proveeduría de bienes, mercancías o servicios a 34 presuntas “empresas fantasma”. En dichas operaciones habrían estado en juego alrededor de 600 millones de pesos

El jefe del SAT informó que de las empresas involucradas en el caso en que se vincula a Duarte, sólo tres han acreditado su capacidad de pago. Las 31 restantes no se han apersonado, no han sido localizadas —pues presentan domicilios fiscales falsos— o no han acreditado la realización de las operaciones para las que fueron contratadas.

Por su parte, Duarte publicó una carta en la que afirma que él es “el primer interesado en que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes”, y calificó las acusaciones de Yunes de “ridículas”.

Sin embargo, el jefe del SAT también reveló que en total fueron 10 los funcionarios públicos ligados al caso de las empresas fantasma de Veracruz: a cinco de ellos no se les encontró irregularidad alguna; pero los otros cinco están siendo auditados. ¿Qué significa esto? Que uno de esos funcionarios es Javier Duarte y que podría haber indicios de su participación en actos ilícitos, por lo que las acusaciones podrían no ser nada “ridículas”; por el contrario, cuando la autoridad fiscal interviene es porque tiene un expediente bastante sólido y bien sustentado.

De acuerdo con el jefe del SAT, las investigaciones tanto a Duarte como a los otros cuatro gobernadores en cuestión deberán concluir en un plazo de 12 meses, aunque si realizaron operaciones en el extranjero, como podría ser el caso del gobernador de Veracruz, podrían extenderse un año más. En todo caso, es posible que los resultados estén listos antes de que los mandatarios finalicen su periodo al frente de sus entidades.

De hecho la PGR investiga si los supuestos prestanombres del gobernador veracruzano han facilitado el desvío de recursos públicos, tanto federales como estatales, para la compra de inmuebles en México y Estados Unidos.

Ante este delicado escenario el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó un amparo contra cualquier orden privativa de libertad, aunque el objetivo de la demanda de garantías es que los abogados del político veracruzano obtengan información oficial ante la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera o la Procuraduría Fiscal de la Federación se hubieran querellado en contra del mandatario estatal, y para saber si la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado alguna orden de aprehensión en su contra, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

Es público que la demanda de amparo es del conocimiento del juez segundo de distrito de Xalapa, Alejandro Quijano, quien por ahora otorgó una suspensión provisional contra cualquier orden que afecte la libertad de Duarte de Ochoa. El mismo juez otorgó también suspensiones de amparo a los ex secretarios de Finanzas de Veracruz Salvador Manzur Díaz y Tomás Ruiz González, así como a Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo, y José Francisco Díaz Valenzuela, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación estatal, quienes al igual que Duarte pidieron el amparo de la justicia federal.

¿Ahora si se castigará a los gobernadores corruptos? ¿Veremos a los mandatarios encarcelados antes del fin de su periodo? ¿Podría adelantarse alguna sucesión en las gubernaturas? Y sobre todo, ¿Quiénes son los otros cuatro gobernadores que investiga el SAT? ¿Entre ellos se encontrarán César Duarte, Roberto Borge, Rodrigo Medina ex gobernador de Nuevo León, y el ex gobernador panista de Sonora Guillermo Padres? Lo que los unifica es que todos están relacionados con quebrantos financieros.

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