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Escrito por  Trascendió Nacional Publicado en Trascendió Viernes, 27 Octubre 2017 09:18
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:Que vaya forma de levantar y tirar expectativas de la Procuraduría de Justicia capitalina, encabezada por Edmundo Garrido, que por la mañana anunció en grande al primer detenido por irregularidades en edificios colapsados a causa del sismo del 19 de septiembre.

Sin embargo, resulta que más tarde se supo que el hombre, Jaime Smith Ríos, ni era copropietario ni director responsable de obra del inmueble de Zapata 56, en la delegación Benito Juárez, sino solo el encargado de adecuar las instalaciones de agua, gas y luz, es decir, casi, casi un plomero.

Empieza mal la procuración de justicia tras el terremoto.

:Que en la Secretaría de Educación Pública, que conduce Aurelio Nuño, causó sorpresa la falta de información del senador Mario Delgado, quien ha criticado la decisión de la dependencia de concentrar en un solo edificio al personal que está repartido en 21 inmuebles de Ciudad de México, varios de ellos afectados por los sismos.

Uno de los argumentos para la mudanza es que se reducirá 46 millones de pesos anuales el pago de renta y la medida favorecerá a usuarios de servicios educativos, pues podrán hacer diversos trámites en una sola instalación.

:Que hablando de los temblores, la designación de Ricardo Becerra como comisionado para la Reconstrucción en la capital tiene como fin dar transparencia y sentido estratégico a los trabajos para atender la emergencia de inmediato.

Dicen en la Jefatura de Gobierno que el nombramiento tiene que ver con los resultados del funcionario en su labor junto a Salomón Chertorivski en la Secretaría de Desarrollo Económico.

:Que las cuentas para objetar la remoción de Santiago Nieto Castillo como fiscal electoral no le salen a dirigentes y legisladores del Frente Ciudadano, sobre todo cuando ven a los autollamados senadores rebeldes del PAN al lado del PRI en el escenario de una votación secreta.

Es por ello que diputados como el panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano insisten en que sus correligionarios en el Senado muestren públicamente su voto en cualquier caso y, si alguno decidiera ocultarlo, que asuma su responsabilidad y pague el costo político de la decisión.

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