Martes, 16 Febrero 2021 06:48

EL COMENTARIO DE HOY

Escrito por Juan Pérez Audelo

Sin ánimo de poner en tela de juicio la política de diálogo y más diálogo que ha emprendido este gobierno, a lo largo de los cuatro años que lleva de gestión, existen situaciones en las que dicho método no funciona. Por ejemplo, desde la semana pasada, un grupo de vecinos de San Juan Mazatlán, Mixe –no es la primera vez- mantienen un bloqueo en la carretera Transístmica, a la altura de Boca del Monte, para exigir la destitución de su presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez.

Entre sus argumentos le acusan de haber malversado una suma millonaria. El edil fue designado como tal a través de los llamados sistemas normativos internos. Es decir, por lo que algunos llamamos con ironía, abusos y costumbres. Por tanto, su destitución debe ser objeto de todo un proceso nada simple. El caso es que han impedido el tránsito vehicular en esa importante vía de comunicación, desde la semana pasada, en lo que se ha calificado como un vil y pernicioso chantaje.

En las filas de vehículos varados durante días, había algunos que transportaban tanques de oxígeno, provenientes de Coatzacoalcos, Veracruz. No obstante, la importancia de dicho producto para los pacientes y enfermos de Covid-19 de toda la zona istmeña, que es un factor de vida o muerte, los que bloquearon la vía les impidieron el paso. Además de privar de la libertad y humillar a enviados de la Secretaría General de Gobierno. Esta situación rebasa la naturaleza propia del chantaje al que recurre cualquier hijo de vecino en territorio oaxaqueño y se convierte en una omisión criminal.

Y es aquí en donde la protesta y la libre expresión deben ser tipificadas como responsabilidad penal. Impedir el paso de ambulancias con enfermos o heridos o, en el caso que señalamos de los camiones con tanques de oxígeno, en un momento cuando la pandemia sigue cobrando vidas, debe ser visto no con la indulgencia del diálogo, sino con la fuerza de la ley bajo los preceptos del Código Penal en vigor.

Fuentes gubernamentales revelaron que lo que ha estado en juego, no ha sido la remoción o permanencia del citado presidente municipal, sino que el gobierno les entregue a los promotores del

bloqueo, cinco millones de pesos del Ramo 33, Fondo 3. Es decir, el móvil principal para fustigar a miles de automovilistas y transportistas varados; para mantener en suspenso la salud de centenas de enfermos, a la espera de oxígeno, se podía resolver con el clásico embute. Se trata pues de una vulgar extorsión, que de ninguna manera merece mesa de diálogo o negociación, sino mantener firme el espíritu del Estado de Derecho. (JPA)